Afianzadoras-aseguradoras

Primero fueron las intensas negociaciones con la Secretaría de Hacienda, y con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas que será enviada al Congreso en septiembre próximo y que dará origen a las aseguradoras-afianzadoras, que podrán vender seguros de caución, de crédito y fianzas tradicionales.

Ahora, todas las baterías de AFIANZA están enfocadas a negociar con el secretario de la Función Pública, Salvador Vega, los lineamientos que aplicarán a las fianzas con las reformas a la Ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios de obras públicas, y servicios relacionados.

Y si con la nueva ley la preocupación central de las afianzadoras era su supervivencia, ya que originalmente la Secretaría de Hacienda pretendía presionar a las que constituyeran una empresa adicional en lugar de permitir que se transformaran en nuevas aseguradoras, ahora la negociación con Salvador Vega se centra en no perder la mitad de su negocio, porque la nueva ley de obra pública contempla reducciones de hasta 50% en los montos de las fianzas como medio de garantía en las obras que realice el gobierno federal.

Originalmente la iniciativa de ley buscaba eliminar la garantía o reducirla sólo para las Pymes, y dejaba a criterio del funcionario público definir el monto del descuento.

La Secretaría de la Función Pública envió ya a la Cofemer su propuesta de lineamientos que generaron una gran preocupación entre las 13 afianzadoras del país, porque -según explica Murguía-, no se definen claramente los criterios o metodología para determinar el grado de reducción del monto de garantías de cumplimiento.

AFIANZA pide que el monto de la reducción no sea de hasta el 50%, porque implicaría pérdidas superiores a los 2 mil millones de pesos para el sector que el año pasado registró ventas por 6 mil millones de pesos, de los cuales el 70% son fianzas de cumplimiento

Demanda también reglas claras en la metodología y que en ningún caso las garantías bajen del nivel actual de 10%, sobre el monto total de la obra que de acuerdo con Murguía está muy por debajo de parámetros internacionales y de países como Estados Unidos, donde la garantía es de 100%.

El temor de AFIANZA es que con esta nueva ley se corre el riesgo no sólo de pérdidas de empleos en el sector, sino de fomentar el incumplimiento por parte de los proveedores y contratistas del sector público.


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