Cuando Miguel Angel Osorio Chong fue
Gobernador del Estado de Hidalgo, como en todos los gobiernos, ejecutó obras
emblemáticas que dieron prestigió a su administración, sin saber que éstas no
fueron pagadas a quienes realmente las ejecutaron.
Lo anterior ya es un “modus
operandi” de los gobiernos federal, estatal y municipal no pagar, bien porque
asignaron la obra a grandes empresas que subcontratan a los regionales, o bien
porque aprovechándose de la buena fe de los constructores, que en un afán de
trabajar y generar trabajo hacen su mayor y mejor esfuerzo, llegan a financiar
los trabajos, hasta quedar o llegar a la quiebra o la ruina, empeñan todo su
maquinaria y equipo, hipotecan sus casas, las de sus familiares con la esperanza
de que el Gobierno honre sus compromisos, sin embargo no sucede así.
Chiapas;
Guanajuato;
Hidalgo;
Michoacán;
Tabasco;
Yucatán;
Son tan sólo unos ejemplos, por
lo que resulta necesario iniciar los procedimientos judiciales a fin de que se
garantice el pago, fincar responsabilidades y se adopten las medidas
cautelares.
Se afirma en la Justicia Federal
que las dependencias y entidades de la federación, estados y municipios son las
más comprometidas y obligadas al cumplimiento de la ley, a respetarla y
obedecerla por lo que baste sólo un requerimiento para que se cumpla con lo
ordenado por la autoridad judicial.
No importa que termine una administración y entre otra, sea cual fuere el color, los contratos se celebraron con los Gobiernos que son personas morales que crean situaciones jurídicas que deben ser reconocidas.
No importa que termine una administración y entre otra, sea cual fuere el color, los contratos se celebraron con los Gobiernos que son personas morales que crean situaciones jurídicas que deben ser reconocidas.
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