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martes, 9 de octubre de 2012
OBRA PUBLICA: Fianza suspensión de su ejecución.
OBRA PUBLICA: Fianza suspensión de su ejecución.: La rescisión administrativa es el requisito indispensable para hacer efectivas las pólizas de fianzas de cumplimiento y anticipos otorgada...
Fianza suspensión de su ejecución (editado 2016)
La rescisión administrativa es el requisito
indispensable para hacer efectivas las
pólizas de fianzas de cumplimiento y anticipos otorgadas por el contratista.
Pero si el contratista impugna ante este Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa dicho acto, es decir la rescisión
y solicita la suspensión definitiva de la ejecución de las pólizas
de fianzas, la Sala Regional que conozca del asunto deberá concederla, puesto
que las referidas pólizas son suficientes para reparar el daño o indemnizar los
perjuicios que pudieran ocasionarse a la autoridad demandada o a terceros con
la suspensión si la sentencia definitiva no es favorable a la parte actora.
Además de que con el otorgamiento de la
medida cautelar no se controvierten disposiciones de orden público ni se causa
perjuicio al interés social, máxime que de no otorgarse la suspensión
definitiva se ocasionaría un daño irreparable al demandante, habida cuenta que
en el fondo del asunto se discute la legalidad de la rescisión
administrativa que es el presupuesto necesario para la ejecución de
dichas pólizas.
Fundamento legal: Artículos 24, 24 Bis y 25 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Fundamento legal: Artículos 24, 24 Bis y 25 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
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jueves, 4 de octubre de 2012
OBRA PUBLICA: Rescisión por Entidades Paraestatales.
OBRA PUBLICA: Rescisión por Entidades Paraestatales.: La administración pública federal para el desempeño de sus funciones se divide en centralizada y paraestatal. La primera constituida por l...
Rescisión por Entidades Paraestatales.
La administración pública federal para el desempeño de sus funciones se divide en centralizada y paraestatal.
La primera constituida por las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y las segunda por las empresas de participación estatal, fideicomisos y organismos descentralizados.
Cuando las entidades paraestatales emiten una resolución por la que rescinden un contrato de adquisiciones o de obra pública emiten un acto eminentemente administrativo, pues se está en presencia de una relación de subordinación entre las partes que intervienen, en el que a través de un acto unilateral se extingue una situación jurídica que afecta la esfera jurídica de un particular, mediante la manifestación unilateral y externa de la voluntad de la autoridad administrativa en ejercicio de su potestad pública.
Como consecuencia lógica y natural de lo anterior, resulta necesario que quien emite dicha decisión de rescindir administrativamente un contrato debe fundar su competencia por razón de materia, grado y territorio en un ordenamiento de carácter general y NO EN UN PODER NOTARIAL, ya que de no ser así, se estarían otorgando facultades de autoridad a un particular al margen de la ley.
Caso concreto el del Subdirector de Administración y Finanzas de PEMEX Petroquímica, en el que pretende acreditar su competencia a través de un poder General otorgado por el Director General de Pemex, que si bien es cierto, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 5° de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Director General se encuentra facultado para otorgar a los funcionarios inmediatos inferiores poderes generales o especiales para actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, incluso los que requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, también lo es que éste no es suficiente para surtir competencia legal en dicho servidor público para emitir un acto de autoridad.
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Rescision administrativa
La primera constituida por las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y las segunda por las empresas de participación estatal, fideicomisos y organismos descentralizados.
Cuando las entidades paraestatales emiten una resolución por la que rescinden un contrato de adquisiciones o de obra pública emiten un acto eminentemente administrativo, pues se está en presencia de una relación de subordinación entre las partes que intervienen, en el que a través de un acto unilateral se extingue una situación jurídica que afecta la esfera jurídica de un particular, mediante la manifestación unilateral y externa de la voluntad de la autoridad administrativa en ejercicio de su potestad pública.
Como consecuencia lógica y natural de lo anterior, resulta necesario que quien emite dicha decisión de rescindir administrativamente un contrato debe fundar su competencia por razón de materia, grado y territorio en un ordenamiento de carácter general y NO EN UN PODER NOTARIAL, ya que de no ser así, se estarían otorgando facultades de autoridad a un particular al margen de la ley.
Caso concreto el del Subdirector de Administración y Finanzas de PEMEX Petroquímica, en el que pretende acreditar su competencia a través de un poder General otorgado por el Director General de Pemex, que si bien es cierto, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 5° de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Director General se encuentra facultado para otorgar a los funcionarios inmediatos inferiores poderes generales o especiales para actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, incluso los que requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, también lo es que éste no es suficiente para surtir competencia legal en dicho servidor público para emitir un acto de autoridad.
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jueves, 9 de agosto de 2012
OBRA PUBLICA: Pagos en exceso. Requerimiento en desahogo de una ...
OBRA PUBLICA: Pagos en exceso. Requerimiento en desahogo de una ...: El oficio o documento que emite una dependencia o entidad, una vez firmado el finiquito, surtido sus efectos y vencidos los plazos que la ...
Pagos en exceso. Requerimiento en desahogo de una auditoría.
El oficio o documento que emite una
dependencia o entidad, una vez firmado el finiquito, surtido sus efectos y
vencidos los plazos que la ley marca para hacer cualquier aclaración, requiriendo
la devolución de una cantidad pagada en exceso determinada mediante una
auditoría y en desahogo de la misma, puede ser impugnado mediante juicio de
amparo.
Lo anterior en virtud de que es
violatorio de garantías en tanto que es un acto de molestia temporal y deviene
de un procedimiento o revisión en el que el requerido no se le respeto su garantía
de audiencia.
En efecto, la recomendación y observación en la que se determine
dicho pago en exceso carece de fuerza vinculatoria en tanto no se instaure el
procedimiento de responsabilidad correspondiente en donde el contratista o
proveedor sea oído y vencido.
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